Neuroderechos y la Paradoja del Derecho en la Era de la Neurotecnología: Un Análisis desde la Filosofía Jurídica

POR CARLO MORA – ABOGADO

La reforma del año 2021 al artículo 19 de la Constitución chilena, que consagró la protección de la «integridad psíquica» frente a la neurotecnología, nos ha planteado un desafío fundamental para la filosofía jurídica que día a día cobra mayor relevancia en la medida que lis avances científicos y tecnológicos van dejando en el camino a los cortafuegos legales: ¿Puede el derecho positivo, como construcción normativa, garantizar la inviolabilidad de la mente humana en un contexto donde la técnica desafía los límites ontológicos de lo jurídico? Chile, al elevar los neuroderechos a rango constitucional, no solo actualiza su pacto social, sino que tensiona los pilares mismos de la teoría del derecho.    

La protección de la «actividad cerebral» obliga a replantear la clásica distinción entre persona y cosa. Si la tradición jurídica occidental, desde Locke hasta Kant, fundó los derechos en la autonomía racional del sujeto, la neurotecnología desdibuja esa frontera al convertir procesos mentales en datos cuantificables. La reforma chilena, al prohibir el acceso no consentido a la «información neural», asume una postura neokantiana: la mente como fin en sí misma, inalienable. Sin embargo, aquí surge la primera paradoja: ¿Cómo define el derecho lo que la ciencia aún no logra delimitar? La «integridad psíquica» carece de un correlato material claro, lo que la convierte en un concepto jurídicamente poroso, vulnerable a interpretaciones que podrían vaciarla de contenido.   

La intervención estatal en la protección de neuroderechos introduce una tensión inherente al iuspositivismo. Por un lado, el Estado asume el rol de custodio de la privacidad mental, prohibiendo su comercialización (ejemplificado en el caso Emotiv Inc., donde se sancionó la venta de interfaces cerebro-computador). Por otro, al regular la neurotecnología, se arroga la facultad de fiscalizar la mente —o al menos sus sustratos tecnológicos—, replicando el riesgo hobbesiano de un Leviatán que, para proteger, debe vigilar. Este dilema refleja la crítica de Foucault al biopoder: la normativa que busca resguardar la intimidad cerebral podría institucionalizar su contralor, transformando la libertad en un dispositivo de control.   

Chile no solo constitucionaliza estos derechos, sino que los proyecta como modelo global. No obstante, la filosofía jurídica exige preguntarse: ¿Qué tipo de derecho se está creando? Siguiendo a Hart, una norma eficaz requiere tanto validez formal como aceptación social. La ambigüedad en términos como «manipulación emocional» o «privacidad cerebral» —sin una dogmática consolidada— los reduce a principios programáticos, dependientes de desarrollo legislativo. Peor aún, en un sistema capitalista, la regulación puede devenir en mero «derecho ilusorio» (Marx), donde la protección abstracta coexiste con la explotación concreta. ¿De qué sirve prohibir la comercialización de datos neurales si las asimetrías económicas fuerzan el «consentimiento» de los vulnerables?   

El enfoque chileno contrasta con iniciativas como el Reglamento Europeo de IA, que opta por marcos regulatorios flexibles, o el modelo estadounidense, donde Colorado legisla neuroderechos estatales mientras Silicon Valley opera en un vacío federal. Estas diferencias no son meramente técnicas: encarnan visiones antagónicas del derecho. Mientras la UE prioriza la precaución (inspirada en Jonas y su «principio responsabilidad»), EE.UU. privilegia la innovación, aún a costa de derechos individuales. La apuesta chilena, en cambio, apela al constitucionalismo garantista, heredero de Ferrajoli, pero choca contra un orden internacional fragmentado, donde los tratados carecen de coercibilidad frente a corporaciones transnacionales.  

El debate trasciende lo normativo. La verdadera cuestión es filosófica: ¿Puede el derecho, como instrumento humano, proteger algo tan elusivo como la subjetividad? Para autores como Habermas, la respuesta habría estado en la ética discursiva: normas surgidas de diálogo democrático. Pero en la neurotecnología, el sujeto capaz de deliberar ya está intervenido por algoritmos que moldean su voluntad. Así, la paradoja se profundiza: toda legislación sobre la mente presupone una autonomía que la técnica podría haber ya erosionado.  

Chile dio un paso audaz y ejemplar, pero los avances dinámicos de las tecnologías torna insuficiente. Al constitucionalizar los neuroderechos, confía en que el derecho pueda domesticar la técnica, ignorando que ambos son productos de la misma racionalidad instrumental (Weber). La verdadera protección de la mente exige una revolución en la filosofía jurídica: abandonar la ilusión de que las normas, por sí solas, pueden salvaguardar lo humano ante su propia hybris tecnológica. Como advirtió Heidegger, cuando la técnica convierte al mundo en «fondo reservable», incluso el derecho se vuelve cómplice de la cosificación. La integridad psíquica no se decreta; se defiende en la lucha por una ontología que respete el misterio irreductible de la conciencia.

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