El Estado que necesitamos.

Carlos Avila Avila – Licenciado en Trabajo Social con mención en gestión de Políticas Públicas. Magister en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio de la Universidad Alberto Hurtado.

La experiencia es un camino necesario para llegar a la madurez, pero también es un proceso fundamental para refutar y reafirmar lo que hemos aprendido con el tiempo. Esta columna representa una mirada honesta sobre la gestión del aparato estatal, un camino no exento de tropiezos, pero con una profunda convicción hacia nuestro pueblo. En síntesis, una mirada que va más allá del compromiso ideológico.

 

El gobierno del presidente Gabriel Boric marcó un antes y un después para toda una generación. No solo se trató de la llegada de una generación completa al poder, sino de una nueva forma de ver la política desde la gestión pública. Desde las movilizaciones estudiantiles pasamos a la movilización del aparato estatal, una transición necesaria para entender la frase “otra cosa es con guitarra”.

 

Sin embargo, lejos de la caricatura de la política identitaria que los medios de comunicación y la derecha globalizada han instalado de manera peyorativa como “woke” para enfrentar las ideas y las iniciativas del progresismo, se esconde la realidad pragmática de la acción pública, cuya realidad se cristaliza desde el funcionamiento del Estado.

 

No existe una agenda de gobierno que no conviva con las complicaciones administrativas y de gestión del aparato estatal. El Estado subsidiario, como modelo social y económico, es un sistema que concentra un modo de operativizar la acción pública en función de las capacidades del privado. Es decir, el Estado debe intervenir solo en aquellas actividades que el sector privado o el mercado no pueden realizar.

 

A partir de esa relación establecida en la Constitución de 1980, se configura un escenario complejo pero visible para aquellos que presenciamos durante la gestión los problemas de alcance del Estado en diversos problemas de la agenda pública. Sin embargo, la cuestión social y los problemas de carácter público interpelan permanentemente a la figura del Estado, no importa dónde se genere la crisis o el problema social en cuestión, siempre existirá la noción de garante o colaborador en la solución de problemas.

 

En efecto, solo se interpreta la responsabilidad estatal como el actor responsable para gestionar respuestas ante problemas de carácter público. Las crisis de carácter  privados se transforman en problemas públicos que pone en tensión a la política pública, visibilizando las debilidades del actual sistema. 

Durante estos años de administración, se dieron a conocer algunos casos,  por ejemplo,  el  salvataje de las Isapres, el caso de las fundaciones, la crisis financiera de la inmobiliaria  PACAL, e incluso el caso de las licencias falsas, por mencionar algunos. 

Los problemas que se mencionaron anteriormente, aunque diferentes, comparten la misma profundidad, el mismo diálogo y el mismo rol, que sitúa al Estado como mediador, actor secundario y mero espectador de los acontecimientos diarios de la agenda pública. 

La traducción política de las grandes transformaciones conduce únicamente a que el Estado pueda hacer algo más de lo que está haciendo ahora. Dicho de otro modo, es “correr la cerca”, dejar a un lado las ambigüedades para construir certezas para la ciudadanía. En este contexto, “Más Estado” no es un capricho generacional, sino una necesidad para atender las urgencias de los problemas colectivos e individuales de la ciudadanía, porque nadie se salva solo.

La discusión tiene que dejar de girar en torno a posturas académicas; es necesario situarlo desde la gestión pública para ver los resultados concretos que ha tenido la política pública en las diferentes crisis sociales y territoriales del país. 

Es decir, pensar en  cualquier análisis o discusión pública, es necesario considerar las condiciones socio-territoriales, que desde mi punto de vista determinarían el éxito o el fracaso de la gestión estatal en las diferentes dimensiones que se pretende instalar como política pública.

El Estado debe proponer un cambio que no solo se focalice en aumentar la recaudación económica; también será importante canalizar los esfuerzos en la innovación e inversión para el desarrollo del país y sus regiones, abordando temáticas altamente complejas desde mecanismos que garanticen efectividad y adaptabilidad para responder las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

 La argumentación de estas palabras nace porque existe una interpretación particular de la moral pública, lo que sugiere que existen principios morales de orden común que exponen la responsabilidad política del Estado para responder ante las crisis de diferentes índoles.

Esta idea sugiere que dichos principios instalan obligaciones a las instituciones públicas respecto al modo en que deben ser tratados los ciudadanos y los problemas de carácter público, aunque estos incluso sean de orígenes privados. 



Por lo tanto, es importante dimensionar que la crisis no solo es financiera, es operativa; tiene que ver hasta dónde llega como promotor de soluciones. Algo que hemos aprendido durante este tiempo es la relevancia que tiene el sistema político/administrativo en la gestión estatal para demostrar consistencia y resultados óptimos. 

El exceso de burocracia en el aparato estatal, podría considerarse como un mal necesario,  ya que organiza el aparato estatal y le otorga movilidad, el problema radica cuando se transforma en un obstáculo para la gestión. En definitiva, es fundamental delegar funciones burocráticas técnicamente competente para facilitar la adaptabilidad y al mismo tiempo mantener a raya al oportunismo político. 

Sin embargo, el Estado es mucho más que el aparato técnico y burocrático del correcto funcionamiento de la política pública. También su estructura interna es un entramado de complejidad en relaciones de poder, lo que  puede posibilitar o cerrar los procesos de transformación que buscan mejorar la gestión pública, impulsando iniciativas administrativas y normativas que promuevan la eficiencia y la transparencia. 

Toda crisis es una oportunidad para cambiar. En  este contexto , la  desilusión de la ciudadanía con el aparato estatal tiene que ser un detonante para impulsar la modernización del Estado, con el fin de  optimizar y fiscalizar los procesos internos. Es recomendable reforzar los esfuerzos en generar discusiones colectivas donde estén involucrados todos los actores,  desde políticos hasta funcionarios estatales. 

Solo así, dicho sea de paso, construiremos un relato de credibilidad frente a los problemas de confianza en las instituciones públicas. Para avanzar, es importante vencer el estigma de la caricatura ideológica del Estado como un aparato que entorpece u obstaculiza el desarrollo; más bien debemos entenderlo como un aliado que debería tener un mayor protagonismo, transcendiendo su capacidad administrativa del poder hacia un compromiso real de cambio y de transformación social.

A raíz de aquello es importante recordar, que la crisis actual sea, al mismo tiempo, una crisis de la acción pública, una crisis de la democracia representativa y una crisis de la actual diseño del Estado Chileno. 

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